Los trabajadores judiciales continúan con las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial, mientras en paralelo avanza la investigación sobre el episodio ocurrido el pasado viernes en la Unidad Judicial de Villa María, donde se arrojó gas durante una manifestación gremial.
Este lunes se realiza una asamblea con abandono de tareas por dos horas a partir del mediodía en Tribunales, lo que afecta la atención al público. En tanto, para mañana está previsto un paro total de actividades por 24 horas.
El secretario general del gremio local, Rafael Rodríguez Tissera, explicó que las acciones responden a la falta de respuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que, de no haber avances, la próxima semana se intensificarán con asambleas diarias, una movilización hacia Apross el jueves y un paro de 36 horas entre jueves y viernes.
El episodio del viernes
Mientras se realizaba una protesta pacífica en la sede judicial de calle General Paz, se arrojó un gas no identificado —presuntamente pimienta o lacrimógeno— que afectó a empleados y manifestantes. El hecho generó una fuerte conmoción y es investigado por el fiscal René Bosio.
“Es la primera vez que vivimos algo así en Villa María. Fue un hecho lamentable”, aseguró Rodríguez Tissera, quien detalló que incluso los fiscales Bosio y Juliana Companys se presentaron en el lugar para manifestar su preocupación. Entre los afectados había trabajadores de distintas fiscalías.
Reclamos salariales y condiciones laborales
Desde el gremio judicial remarcan que el reclamo central es la equiparación salarial con el ámbito federal, conforme a la ley que establece “a igual trabajo, igual remuneración”. Según estiman, la diferencia actual ronda entre el 20% y el 40% en el salario de bolsillo.
También se exige la revisión de aportes extraordinarios a la Apross y a la Caja de Jubilaciones, y se denuncia el desfinanciamiento del sistema previsional provincial.
“Un jubilado debe esperar hasta dos meses para recibir los aumentos y no alcanza ni al 82% del haber que aportó toda su vida”, denunció el dirigente.
Apoyos institucionales
El Colegio de Abogados de Villa María emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación” por la situación del Poder Judicial y repudió los hechos de violencia contra los trabajadores. A su vez, instó al diálogo y subrayó que “el acceso a la Justicia es un pilar fundamental de nuestra democracia”.
La CGT Regional Villa María también se solidarizó con el gremio judicial y exigió que la investigación del fiscal Bosio determine si se trató de un hecho aislado o de una acción organizada. Además, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales y pidió “celeridad para esclarecer lo sucedido”.
